Frente Amplio

Reforzar gradualmente la educación artística (música, teatro, artes plásticas, literatura, etc.) desde el nivel pre-escolar hasta la secundaria, con la participación de personas docentes especialmente certificadas para ello.

Promover la creación en espacios públicos de mercados exclusivos de venta directa, y trato justo entre personas artistas y artesanas nacionales y la ciudadanía, verdaderas ferias de expresión de la creatividad nacional, que faciliten la comercialización y difusión de las más variadas manifestaciones artístico-culturales. Esta iniciativa aportaría en el enriquecimiento de la vida en común de las personas de las comunidades y fortalecería el tejido social.

Establecer una política cultural que vincule los programas de carácter nacional del Ministerio de Cultura y Juventud con la acción local de los cantones en procura, no solo de dar acceso a las diversas manifestaciones artísticas, sino, en especial, promover en las personas habitantes de estos territorios que pasen de espectadores a ser creadores de manifestaciones artístico-culturales.

Fortalecer las alternativas existentes en el Ministerio de Cultura y sus instituciones adscritas para incrementar la formación de gestores y gestoras culturales de comunidad, con un programa de becas totales, que permita la incorporación de las personas en situaciones de multivulnerabilidad, con una visión de inclusión, en aras de fortalecer a las y los hace-dores de la cultura comunitaria.

Diseñar y aplicar una estrategia de recuperación del espacio público abierto y cerrado -en especial las edificaciones de valor histórico patrimonial- como espacios destinados al desarrollo de las diversas manifestaciones culturales.

Impulsar desde las instancias públicas nacionales y los gobiernos locales la apertura de concursos literarios, plásticos, musicales, teatrales para presentar o desarrollar en los espacios públicos, proyectos que generen empleo, enriquezcan la producción cultural nacional, refuercen nuestra identidad cultural y promuevan el embellecimiento de los espacios públicos. Estas acciones forman parte de la prevención a partir del desarrollo humano.

Establecer una alianza entre el Ministerio de Educación Pública, y los museos y galerías de la GAM, para que la niñez y la población adolescente de escuelas y colegios en condición de riesgo y de zonas rurales puedan ingresar gratis a estos lugares. De la misma manera, que al menos una vez por trimestre todos estos espacios promuevan la visitación general sin costo alguno, con fines 191 educativos, con especial vinculación a fechas históricas y feriados de ley.

Desarrollo del Día del Deporte Diverso (19 de febrero).

Fomentar en los diferentes niveles del deporte costarricense agrupaciones de deporte con enfoque de diversidad

Gestión de convenios público-privada para el ayudar el financiamiento de actividades relacionadas con el fomento del deporte para personas de la población LGBTIQ+; así como la búsqueda de financiamiento internacional para estos propósitos.

Impulsar una reforma constitucional para introducir el deporte y la recreación, como derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política. ( Ya se encuentra en la corriente legislativa Expediente 21.630)

Consolidar la creación del Ministerio del Deporte y la Recreación como órgano rector del sector, sin crear burocracia innecesaria ni duplicar las funciones del ICODER, que funcionará como el brazo ejecutor de las políticas definidas por dicho ministerio.

Promover el trabajo articulado entre los actores del deporte en Costa Rica con miras a implementar la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física (PONADRAF) 2021-2030. El Ministerio del Deporte y el ICODER, coordinarán acciones con los Ministerios de Educación y Salud, las universidades públicas, los Comités Cantonales de Deporte (CCD), las federaciones deportivas nacionales y el Comité Olímpico Nacional (CON) para hacer cumplir sus principios rectores de Derechos Humanos, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Gestión para Resultados en el Desarrollo, Innovación Social, la ética y valores.

Cumplir con el mandato constitucional de asignar al financiamiento de la educación pública en todos sus niveles, recursos equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto (PIB), para el presupuesto ordinario de la República de 2023.

Garantizar financiamiento creciente a las universidades públicas mediante una negociación justa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), bajo un marco de estricto respeto a la autonomía universitaria, pero en el que sugerimos fomentar los procesos de consulta a toda la comunidad universitaria, incluyendo el sector estudiantil en su conjunto, para que la negociación del presupuesto universitario se realice de manera transparente, más participativa y por ende democrática.

Garantizar el financiamiento para universalizar el acceso a la educación preescolar, para asegurar a la población la educación como un derecho humano fundamental y la construcción progresiva de capacidades, que se realiza a lo largo de toda la vida de las personas, pero que encuentra un espacio particularmente fructífero en la primera infancia, como lo respalda la evidencia científica reciente.

Ampliar los programas de becas para promover la continuidad de las personas estudiantes en la secundaria y que prosigan sus estudios en los sistemas de educación universitaria, parauniversitaria o técnica.

Asignar recursos adicionales generados por la norma constitucional del 8% del PIB, dando prioridad a los programas de equidad y a las inversiones requeridas para reducir paulatinamente la brecha que separa la educación pública de la privada y las abismales desigualdades que existen entre las zonas con mayores y menores índices de desarrollo tanto a nivel urbano como rural.

Consolidar un verdadero sistema nacional de becas con mecanismos reales de control y evaluación del impacto que estas producen para mejorar las condiciones de vida y aprendizaje del estudiantado.

Replantear las funciones y las prioridades de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE). Promover la aprobación del proyecto de reforma a su Ley Constitutiva presentado por el Frente Amplio a la Asamblea Legislativa.

Fortalecer las becas de transporte para todos los niveles de educación, garantizando que cada estudiante de escasos recursos tenga acceso a este beneficio indispensable para reducir la exclusión.

Promover mediante un proyecto de ley para la regulación de los precios y el acceso a la educación primaria, secundaria y técnica privada, que permita un acceso real para la población y una relación justa entre el precio y el servicio educativo.

Impulsar la aprobación de una reforma integral al Código Penal desde un enfoque de derechos humanos para ampliar el sistema de penas con penas alternativas; revisar y actualizar las conductas tipificadas como delitos; revisar los agravantes en casos de uso de armas, corrupción de personas de los supremos poderes, delitos fiscales, ambientales, financieros, entre otras.

Promover una nueva Ley Penitenciaria que incorpore el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género como ejes transversales. Además, esta ley deberá considerar lo necesario para que todas las aristas que conforman el Sistema Penitenciario dispongan de los recursos necesarios para su funcionamiento. La construcción de la nueva Ley se hará de forma conjunta, solicitando el criterio técnico y profesional de las personas encargadas de las diferentes estructuras que forman parte del sistema penitenciario.

Rechazar las reformas a la legislación penal basadas en el populismo punitivo, como las que pretenden aumentar penas de cárcel de forma desmedida e injustificada, eliminar sanciones alternativas a la prisión o generalizar la aplicación de la prisión preventiva, desconociendo su carácter de medida cautelar.

Impulsar una reforma integral a la Ley de Armas y Explosivos para limitar la participación de personas menores de edad en el aprendizaje del manejo de armas, reforzar los controles sobre la tenencia legal de armas y fortalecer las sanciones contra la tenencia y el tráfico ilegal de armas de fuego.

Adjudicar a la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública la tramitología del carné de portación de armas para tener una correcta fiscalización del mercado generado alrededor de los servicios de portación así como promover que sea dicho organismo el encargado de facilitar el curso de preparación.

Inhabilitar la portación de armas hasta por 50 años a quienes han cometido delitos con ellas por medio de un proyecto de Ley.

Reactivación del Bono Proteger para aquellas personas que no tienen trabajo ni ingresos y que además se instaure un Ingreso Mínimo Vital que asegure las condiciones básicas de vida para las mujeres que no cuentan con ingresos suficientes para ello.

Continuar apoyando los esfuerzos para la compra y readecuación de las deudas y financiamiento de proyectos de reactivación económica por medio del Sistema de Banca para el Desarrollo, para personas pequeñas y 220 medianas empresarias turísticas afectadas por crisis económicas locales y condiciones adversas de los mercados internacionales

Partimos de un enfoque de derechos humanos, género, e interseccionalidad, comprendiendo que la pobreza y las vulnerabilidades se profundizan con mayor fuerza e intensidad en las mujeres, personas 28 con discapacidad, personas afrodescendientes, personas adultas mayores, indígenas, y en niñez y adolescencia y personas LGBTIQ+; sumando factores que se interseccionan y profundizan las desigualdades territoriales, etarias, étnicas y de género.

Partimos de la premisa que la inclusión social es nodal para potenciar y promover mejores condiciones de vida digna y de calidad. Y que debe asumirse un enfoque integral en la atención, colocando en el centro del accionar público a las personas, hogares y territorios, comprendiendo los determinantes y agravantes de las vulnerabilidades.

Regulación de la expansión de los monocultivos (incluyendo moratoria a la expansión piñera) y los transgénicos.

Apoyo efectivo a la transformación agroecológica de nuestro modelo agrícola.

Mantener los niveles de protección y uso definidos para las áreas protegidas y aumentar la participación comunitaria bajo la forma de co- manejo o manejo compartido.

Priorización del transporte público colectivo y apoyo a la transición hacia el transporte basado en fuentes limpias.

Moratoria a la construcción de nuevas represas hidroeléctricas y oposición a la construcción de plantas geotérmicas en parques nacionales.

Apoyo total y efectivo el desarrollo de la energía eléctrica solar, eólica y de otros tipos, principalmente aquellas que además faciliten la generación para autoconsumo.

Construcción de una estrategia nacional para el manejo sostenible de recursos marinos y los territorios costeros.

Reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, su visión cosmogónica sustentable y su derecho a la autonomía en sus territorios. (Rescate de prácticas ambientales)

Manejo Integral de los residuos residenciales, de servicios y de actividades productivas, prohibición de cualquier forma de incineración

Crear la normativa necesaria para que los recursos naturales sean objetos de derechos

Incluir los principios ambientales como el Precuatorio, Intergeneracional, No Regresión, entre otros.

La actividad turística es una de las industrias más grandes y también volátiles del mundo. Para Costa Rica representa una base fundamental y estratégica a nivel económico y de generación de empleos. Así mismo, el país ha desarrollado con el paso del tiempo, alternativas de desarrollo turístico, que han convertido al sector en una de las actividades productivas con mayor potencial para integrar el bienestar económico con el respeto al medio ambiente.